Las personas recicladoras desempeñan un rol crucial en el reciclaje mundial, ya que recogen y clasifican hasta un 60 % de los desechos plásticos que se reciclan. No obstante, estas personas sufren de forma rutinaria algunos de los impactos más graves en los derechos humanos y se encuentran entre los trabajadores más vulnerables de cualquier cadena de valor comercial en el mundo. Para cumplir este principio en la práctica, es necesario que los actores del sector público y privado de las cadenas de valor de los plásticos incluyan a las personas recicladoras como partes interesadas pertinentes y legítimas —además de sus intereses y preocupaciones como consideraciones esenciales— en los diálogos y espacios de formulación de políticas a nivel local, nacional e internacional, así como en la toma de decisiones comerciales.

Todas las empresas de las cadenas de valor del reciclaje de envases de plástico deben adoptar las medidas correspondientes para prevenir, mitigar y remediar los impactos que causan o a los que contribuyen, y procurar prevenir, mitigar y remediar los impactos que pueden estar vinculados a sus operaciones, productos o servicios, conforme a su responsabilidad en materia de derechos humanos.

Las empresas en todos los niveles y sectores de estas cadenas de valor deben reconocer al sector informal de los desechos como parte de su propia cadena de valor. Esto se aplica a las empresas en ambos extremos de la cadena de valor, tanto aquellas que producen o utilizan desechos plásticos que posteriormente recuperan las personas recicladoras, como aquellas que utilizan los materiales reciclados que han recuperado estas mismas personas. Los impactos que sufren las personas recicladoras en sus derechos humanos entran claramente dentro de la responsabilidad que tienen estas empresas de respetar los derechos humanos conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que abarca toda la cadena de valor. La gravedad de los impactos en los derechos humanos y la vulnerabilidad de los trabajadores del sector informal de los desechos implica que, para muchas de estas empresas, esto se debe abordar como un problema fundamental de derechos humanos.

Todos los actores del sector público y privado a lo largo de las diferentes etapas de las cadenas de valor del reciclaje de envases de plástico —desde la producción, el consumo y la gestión de los desechos hasta la economía circular— deben suponer que, como mínimo, están vinculados a estos impactos en los trabajadores del sector informal de los desechos. Con el fin de conseguir los resultados más significativos para los trabajadores del sector informal de los desechos, es necesario que exista una colaboración entre estos actores, independientemente de su relación con los impactos que sufren las personas recicladoras (en cuanto a las causas, la contribución y el vínculo) y el aporte que pueden hacer al desarrollo, la implementación y el apoyo de enfoques eficaces difieran entre ellos.

A nivel nacional y local, la legislación y las políticas estatales, así como las autoridades públicas, desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar el contexto, la infraestructura, las condiciones laborales y el entorno social para los trabajadores del sector informal de los desechos. Para poder lograr resultados significativos en favor de los trabajadores del sector informal de los desechos, es necesario que los Gobiernos cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos con relación a estos trabajadores. Entre dichas responsabilidades, se incluye propiciar los siguientes aspectos para ellos: el acceso a servicios públicos y la red de protección social formal; la protección frente a la discriminación y exclusión sociales; y la inclusión como partes interesadas y actores pertinentes en los procesos de desarrollo de los marcos normativos y las políticas que regulan la gestión de los desechos. No adoptar estas medidas puede tener un impacto directo en los trabajadores del sector informal de los desechos y, es posible que aumenten —de hecho, suelen aumentar— los riesgos contextuales de impactos en los derechos humanos para los trabajadores. Las empresas deben desarrollar y utilizar su influencia, en línea con su contribución a estos impactos, con el fin de incentivar a los actores gubernamentales a cumplir estas expectativas en la práctica.

La comunicación con las partes interesadas es un elemento central del concepto de diligencia debida en materia de derechos humanos. Las empresas de las cadenas de valor del reciclaje de envases de plástico deben entablar un diálogo genuino y respetuoso con los trabajadores del sector informal de los desechos, reconociendo su dignidad humana. De esta manera, estas empresas podrán entender los riesgos y los impactos, y planificar las acciones dirigidas a prevenir y abordar dichos impactos. Este principio puede ser diferente para las empresas en los distintos niveles de la cadena de valor. En el caso de las empresas de gestión de desechos y recicladoras, podría ser necesario adoptar medidas significativas para propiciar una colaboración directa con las personas recicladoras, que ayude a superar la desconfianza existente. En el caso de las empresas que se encuentran más cerca de ambos extremos de la cadena de valor (por ejemplo, productores y proveedores de resina, productores de plásticos reciclados y consumidores de plásticos, incluidas las empresas de bienes de consumo de rápido movimiento), podría implicar colaborar con representantes legítimos de la comunidad del sector informal de los desechos, o delegados confiables, para recabar sus opiniones con el fin de asegurarse de que exista una consonancia en cuanto a las expectativas y las acciones.

Las mujeres recicladoras sufren riesgos específicos. Los impactos en los derechos humanos, incluidos los que afectan a la seguridad y la protección personal, la discriminación y el acoso, así como otros impactos en los medios de vida, deben analizarse y abordarse con una perspectiva de género intencional. Para ello, es necesario que exista un verdadero diálogo con las mujeres recicladoras, o delegadas confiables, para entender cómo experimentan estos impactos en los derechos humanos y cuál es la mejor manera de abordarlos.

Dadas la diversidad y la naturaleza localizada de las cadenas de valor del reciclaje de envases de plástico y la forma en que el sector informal de los desechos se sitúa en el centro de estas cadenas de valor, los enfoques exitosos tendrán que guiarse por, y adaptarse a, los contextos locales. Al mismo tiempo, los enfoques locales deben alinearse con los principios globales y tener una interacción más amplia con los actores a lo largo de todas estas cadenas de valor. Para poder cumplir este principio en la práctica, será necesario realizar un mapeo eficaz de las cadenas de suministro locales con el objeto de saber cuáles son los actores involucrados en estas cadenas, los impactos que afectan a las personas recicladoras y los marcos normativos y políticas nacionales y locales que definen las condiciones de los trabajadores del sector informal de los desechos. Existen varios enfoques potenciales de influencia que pueden adoptarse; por ejemplo: establecer expectativas para los proveedores; colaborar con socios comerciales; desarrollar las capacidades; asociarse con las ONG; promover la voz de los trabajadores; colaborar con empresas homólogas; mejorar la transparencia de las cadenas de suministro; invertir en la eficacia de las cadenas de suministro; y promover marcos normativos apropiados que propicien prácticas comerciales respetuosas de los derechos.

En muchos casos, los trabajadores del sector informal de los desechos han sufrido una exclusión sistemática en los procesos de toma de decisiones que los afectan. Las empresas no pueden asegurarse de que los representantes y las perspectivas de las personas recicladoras se incluyan en los procesos de formulación de políticas dirigidos por los Gobiernos. Sin embargo, las empresas pueden y deben utilizar su propia influencia para abogar por la inclusión de los representantes de las personas recicladoras en los diálogos y los espacios de formulación de políticas, tanto a escalas local y nacional, como internacional. Si estos esfuerzos no dan resultado, las empresas deben, no obstante, esforzarse por garantizar que los intereses y las preocupaciones del sector informal de los desechos sean considerados en los procesos de toma de decisiones y que fundamenten dichos procesos.

Las empresas de los distintos niveles de las cadenas de valor deben buscar maneras de promover una mayor integración del sector informal de los desechos en las cadenas de valor más formales del sector privado, que se adapten al contexto local. Sin embargo, esta integración no debería convertirse en un requisito para que las personas recicladoras puedan seguir teniendo acceso a los materiales reciclables. El propósito de estos principios es incentivar a las empresas a lo largo de toda la cadena de valor del reciclaje de envases de plástico a involucrarse e invertir en dicha cadena de valor, para aumentar la capacidad, fomentar una mayor eficiencia y fortalecer la resiliencia, basándose en las opiniones de los propios trabajadores del sector informal de los desechos.

Los impactos en los derechos humanos para las personas recicladoras son sistemáticos por naturaleza. No suelen ser provocados por un actor corporativo único ni por una decisión comercial específica, si bien es posible que estas decisiones aumenten el riesgo de impactos negativos si no se fundamentan en la diligencia debida. Hay una serie de causas subyacentes que, en conjunto, conducen a la vulnerabilidad y al impacto en los derechos humanos de los trabajadores del sector informal de los desechos. Las empresas a lo largo de toda la cadena de valor del reciclaje de envases de plástico deben examinar sus propias prácticas comerciales —desde sus prácticas de compra y relaciones con las cadenas de suministro, hasta sus actividades de cabildeo o grupos de presión, entre otros— y la contribución que podrían estar haciendo a los impactos específicos. Estas empresas también deben examinar la manera en que las condiciones generales del mercado —incluidos los mecanismos de fijación de precios y de compensación de los trabajadores— pueden crear barreras económicas estructurales que impiden adoptar prácticas respetuosas de los derechos. Además, deben estar dispuestas a colaborar con los demás para abordar estos factores.

La contribución histórica y constante de las personas recicladoras a la gestión de los desechos y el reciclaje es significativa, y un gran número de trabajadores del sector cuenta con un nivel considerable de experiencia y conocimientos especializados. Sin embargo, a pesar del papel crucial que desempeñan en el ámbito del medio ambiente y la salud pública, estas personas suelen sufrir impactos significativos en sus derechos humanos. Conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, los derechos humanos internacionalmente reconocidos se definen en la Carta Internacional de Derechos Humanos y las normas fundamentales de la OIT³. Esta lista enumera algunos de los impactos comunes que sufren las personas recicladoras en sus derechos humanos dentro de la cadena de valor de los plásticos, así como otros factores que pueden hacer que dichos impactos sean más graves o más probables en la práctica⁴. Si bien no todos estos impactos y factores son pertinentes para el total de las personas recicladoras en los diferentes contextos, los impactos en los derechos humanos de estas personas suelen ser sumamente graves.

Todas las personas tienen el derecho a un estándar de vida adecuado en cuanto a la salud y el bienestar tanto propios como de su familia, incluidos una alimentación y nutrición adecuadas, ropa, vivienda y acceso a asistencia médica cuando es necesaria. Para las personas recicladoras, existen varios factores que pueden impedirles disfrutar de este derecho.

• Ingresos insuficientes: Lejos de recibir «ingresos dignos»⁵, la mayoría de las personas recicladoras vive muy por debajo del umbral de pobreza en su país. Se les pagan sus materiales, pero no por su trabajo o el servicio público que prestan al recoger los desechos. 
• Falta de poder de negociación en la fijación de precios: Por lo general, los precios de los materiales⁶ reciclados son fijados por las empresas recicladoras que compran estos materiales. Las personas recicladoras suelen carecer de poder de negociación a la hora de fijar un precio justo, debido, en muchos casos, a su dependencia de las empresas recicladoras para acceder al mercado (especialmente en los casos en que estas empresas son las únicas que pueden transportar los materiales). 
• Ingresos inestables: La falta de poder de negociación, la ausencia de contratos fijos en el sector informal y la influencia de factores más generales del mercado que afectan a la demanda (como el precio del petróleo crudo) se traducen en una falta total de predictibilidad o estabilidad de los ingresos de las personas recicladoras.
• Ingresos inseguros: Además de estos factores, a las personas recicladoras temen perder sus medios de vida —y, en algunos casos, afirman que esto ha sucedido—porque han sido excluidos del mercado como resultado de la privatización del sector de los desechos; los planes de responsabilidad ampliada del productor que han dejado fuera al sector informal de los desechos; y su exclusión de las cadenas de suministro públicas y privadas. 

La insuficiencia, la inestabilidad y la inseguridad de los ingresos —junto con la exclusión de los servicios sociales y financieros que se describen más adelante— también generan obstáculos para que las personas recicladoras puedan aumentar sus ingresos por medio de su ascenso en la cadena de valor. Las personas recicladoras suelen carecer de acceso a los recursos financieros, maquinarias, capacitación, transporte y terrenos que necesitan para almacenar y agrupar sus materiales reciclables.

No todas las personas recicladoras desean formalizar sus actividades comerciales por medio de cooperativas, asociaciones o sindicatos. Sin embargo, cuando sí desean hacerlo, a veces enfrentan barreras para organizarse en empresas colectivas y acceder a recursos financieros necesarios para hacerlo. La capacidad de organizarse normalmente se entiende como un derecho habilitador que, si se apoyara, debería ayudar a prevenir y abordar otros impactos en los derechos humanos.

Las personas recicladoras perciben el estigma social asociado a su trabajo. Con frecuencia, se las considera miembros con un rango más bajo de la sociedad, y suelen ser ignoradas o maltratadas por los demás. Dicha práctica discriminatoria se ve como algo aceptable y normal en muchas sociedades. Esta pérdida de dignidad humana básica es la esencia del abuso de los derechos humanos, y es tanto causa como efecto de los impactos relacionados con los medios de vida, la salud y la seguridad y otras condiciones laborales. También puede afectar al acceso de las personas recicladoras a los materiales reciclables.

La protección de numerosos derechos humanos se basa en la idea de que las personas deben ser consultadas e incluidas en las decisiones que afectan a su vida. A las personas recicladoras se las margina en la sociedad y normalmente no se las reconoce como partes interesadas legítimas y pertinentes. Rara vez se las consulta en los procesos de formulación de políticas que dan forma al sector de reciclaje de desechos, ni sobre el diseño o la implementación de programas o actividades de las empresas dirigidos a abordar los impactos que estas personas sufren.

Debido a la naturaleza informal del sector, las personas recicladoras suelen ser excluidas de las redes de protección social, como la seguridad social y la asistencia médica. Los trabajadores de los sectores informales, incluidas las personas recicladoras, en general no tienen acceso a los sistemas bancarios formales, y en algunos casos incluso a documentos de identidad. La falta de inclusión financiera representa un obstáculo adicional para obtener ingresos estables y seguros, ya que los sectores más formales de la economía no suelen estar equipados para interactuar con el sector informal.

En determinados contextos, el trabajo infantil es una característica del sector informal de los desechos. Si bien no todas las tareas que realizan los niños y las niñas constituyen trabajo infantil prohibido, cuando hay niños que trabajan en este sector, normalmente realizan actividades peligrosas y no pueden acceder a la educación como resultado. A veces, los padres llevan a sus hijos a trabajar porque lo consideran una opción más segura que dejarlos en casa, o porque carecen de acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y convenientes. Incluso cuando los niños y las niñas no trabajan, es posible que igualmente corran peligro al acompañar a sus padres o tutores cuando van a reciclar, y sufrir consecuencias para su seguridad y su educación.

Las malas condiciones de salud y seguridad en los lugares donde trabajan las personas recicladoras suelen causar lesiones y, en algunos casos, incluso víctimas mortales. En los vertederos, las personas recicladoras trabajan en condiciones arriesgadas, se exponen a materiales potencialmente peligrosos y gases tóxicos, carecen de equipos de protección individual, y corren el riesgo de sufrir lesiones graves debido a las maquinarias y los vehículos pesados. En otros contextos, la seguridad y protección individual de las personas recicladoras —en particular, las mujeres— corren peligro, especialmente cuando la recogida de basura se lleva a cabo de noche.

Las personas recicladoras trabajan demasiadas horas al día, a menudo siete días a la semana sin descanso ni acceso a baños y saneamiento básico. Esto también a veces afecta a las mujeres de forma desproporcionada.